“Es una lástima que un comandante en retiro del Ejército se olvide hoy de sus camaradas de armas, de sus instructores, de sus técnicos. No sé si algún día Ollanta Humala pueda reunirse con ellos con la frente en alto, si pueda entrar con orgullo a su escuela. Nos ha traicionado a todos”, dice el coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú Fredy Arias Portugal, de 63 años.
Uno de los miles de militares en retiro afectados por la congelación de las pensiones ordenada por la administración Humala.
Sucede que cuando Humala era candidato se paseó por todas las asociaciones de militares y policías en retiro pidiendo su apoyo en las urnas. A todos les prometió no sólo respetar la pensión renovable sino, además, trabajar por un reajuste salarial justo.
“En ese tiempo era ministra de Economía Mercedes Aráoz y ella estaba decidida a abolir la pensión renovable y a cerrar por dos años las escuelas militares. Decía que significaban mucho gasto para el país. Nosotros, alarmados, hablamos con Humala”, recuerda el vicealmirante de la Marina de Guerra en retiro Francisco Vainstein Borrani, de 80 años.
“No se preocupen. Una ley se deroga con otra ley” – les respondió Humala– “Pero para hacerlo tengo que ser presidente”. Los pensionistas confiaron en el candidato nacionalista e hicieron campaña por él en su local de San Felipe, Jesús María y en todos los locales de las Asociaciones de militares y policías y gracias a su masivo apoyo y de sus familiares, dos millones de electores,salió elegido presidente.
La “pensión renovable” se aprobó en 1945, con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, para compensar los bajos sueldos que recibían los militares durante los años de servicio. La ley, refrendada por Velasco en 1972, establece que la pensión del personal de las fuerzas armadas en retiro “varia en concordancia” con los aumentos que se hagan a los sueldos de los miembros activos.
En su primer discurso como presidente Humala se reafirmó en su promesa. “Queremos recuperar la moral de nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró el flamante presidente en el Congreso.
“Se reformará el sistema remunerativo reduciendo la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones, que es un derecho fundamental consagrado. Mantendremos la pensión renovable”, dijo entre aplausos el día de su investidura.
Las primeras sospechas, de que esto no sucedería, se suscitaron cuando Humala nombro a Luis Castilla, viceministro de Aráoz en el gobierno aprista, ministro de Economía. Las sospechas no tardaron en contar con argumentos sólidos. “Nos enteramos que él quería congelar a toda costa las pensiones de los miembros retirados de las fuerzas armadas y la policía. Luego nos enteramos que quiso convocar a una reunión de consejo virtual para discutir, bajo sus términos, una nueva ley de pensiones para nosotros. Hubo un gran pleito entre Daniel Mora y él. Pero Daniel Mora se fue del gabinete y al año siguiente se aprobó la ley de Castilla”, cuenta Vainstein.
El decreto ley aprobado en diciembre del 2012 por Humala ha creado tres sistemas de pensiones y sólo acepta aumentos para los oficiales y suboficiales que hayan pasado al retiro después de la promulgación de esta norma. Las pensiones de los más antiguos han quedado automáticamente congeladas.
“Es discriminatorio”, dice el general de división EP en retiro Roberto Chiabra, de 64 años, que fue jefe de operaciones en el frente del Huallaga en 1993 y jefe de operaciones en el Cenepa en 1995.
“Nos están recortando la pensión a quienes hemos luchado contra el terrorismo. ¿Cómo pueden ser tan miserables con los que hemos cargado con la defensa del país?”, se pregunta el vicealmirante en retiro Vainstein. “Nosotros hemos sufrido mucho. ¡Lo que hemos tenido que ver! Cuando mataban a nuestra gente le sacaban los ojos, los testículos y luego los empalaban. Y el Estado nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando uno es joven no habla, pero ahora tengo claras las cosas. Cada vez que vencíamos militarmente a Sendero en algunas localidades, veíamos cómo pronto regresaban porque el Estado no era capaz de instalar comisarías en esos lugares, de construir hospitales, escuelas. Eran zonas olvidadas”, agrega.
Los militares en retiro han presentado una serie de demandas llegando, incluso, hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“El tema de las pensiones de los militares y policías deberá ser visto como urgente y prioritario”, dice Chiabra. “Humala despertó las expectativas de los pensionistas militares cuando estaba en campaña y nos ha defraudado. La única oportunidad que le queda para cumplir con nosotros es en el último presupuesto del 2016, que debe comenzar a armarse en julio 2015. Cualquier cambio en la ley lo debe hacer antes”, explica.
El general agrega: “Quieren que el militar esté hasta en las calles cuidando a la gente de la delincuencia pero cuando se quiere hablar de mejorar nuestros sueldos o pensiones, nadie se acuerda de nosotros”.
Lo mismo sienten los miembros de la Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Adofaip). “El maltrato es permanente. Las autoridades no van ni al sepelio de los miembros de las FFAA y la PNP. Nos abandonan totalmente. Pero si muere un artista, un guitarrista, reservan el Museo de la Nación para velarlo. No es por desmerecer su oficio, pero nosotros arriesgamos nuestras vidas”, se queja el coronel FAP en retiro Fredy Arias Portugal, miembro de la Adofaip.
No hay comentarios:
Publicar un comentario